Manuel Adorni dio a conocer este lunes una resolución que implica severos recortes en el financiamiento para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Sostuvo que el 66% del presupuesto se destina a pagar sueldos.
En su clásica conferencia diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al fuerte ajuste que realizará el gobierno en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), dónde destacó que generó "un déficit de US$4 millones".
"En el marco del 'Plan Motosierra' se han suspendido gastos discrecionales como viajes, horas extras, flotas de vehículos, viáticos, combustibles, etc. Solo para tomar dimensión el INCAA tuvo en 2023 ingresos por US$12 millones y gastó por US$16 millones, por lo tanto generó un déficit de US$4 millones", indicó el portavoz.
"De estos US$12 millones, la mitad se destinaba a pagar el sueldo de los 728 empleados. Este instituto dedica el 66% de sus ingresos a pagar sueldos, y solo el resto a pagar producciones", detalló.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial y denominada "Suspensión de Erogaciones Económicas en el marco de racionalización de recursos", forma parte de la emergencia pública contenida en el mega DNU de Javier Milei, incluye la baja de todos los contratos en el INCAA que se vencen el 31 de marzo de este año.
También la suspensión en el pago de horas extras, de aportes económicos y aportes institucionales, la quita de apoyo económico a las provincias, eliminación de los adicionales en concepto de Seguridad en todos los edificios del Instituto y además la suspensión los viajes del personal, los gastos de telefonía celular, la compra de comida y el pago de traslados de sus empleados.
El director designado por el gobierno para el organismo, Carlos Luis Pirovano, hizo trascender que se tiene previsto cerrar la plataforma Cine.ar, clausurar y poner en venta el cine Gaumont y desfinanciar festivales como el de Mar del Plata.
El INCAA depende de la Secretaría de Cultura, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, tiene 645 empleados y unos 500 son de planta permanente.
En el organismo además analizan implementar retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, revisión de concursos y reestructuración de algunos sectores, como está sucediendo en otras dependencias públicas.
