En Casa Rosada salieron al cruce de un fallo judicial que dispuso la aplicación de la norma. Aseguran que no tienen los fondos para ponerla en vigencia y preparan la apelación.
El Gobierno anunció este viernes que presentará una apelación contra el fallo del Juzgado Federal de Campana, que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025.
De acuerdo con fuentes oficiales, la apelación se concretará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que tendrá la responsabilidad de revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
La gestión libertaria sostiene que el fallo constituye una “intromisión” en las facultades propias del Ejecutivo para administrar las finanzas del Estado y manejar el presupuesto. Además, remarcan que aplicar la ley sin recursos asignados podría comprometer el equilibrio fiscal que fijó la gestión libertaria.
La ley había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declaraba la emergencia en materia de discapacidad hasta fines de 2027, pero aunque el Poder Ejecutivo promulgó la norma estableció un freno a su aplicación al considerar que el Congreso no había definido las fuentes de financiamiento.
El decreto ejecutivo 681/2025 dejó la norma en suspenso, lo que generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores. El amparo judicial que motivó el fallo había sido presentado por dos familias en representación de sus hijos, cada uno con Certificado Único de Discapacidad.
El juez federal también cuestionó los argumentos fiscales del Gobierno y recordó que el Congreso había habilitado al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones necesarias y que, desde diciembre de 2023, ya se habían hecho más de diecinueve modificaciones presupuestarias para otros fines.
La sentencia destacó la especial vulnerabilidad de las personas con discapacidad, principalmente en niños y adultos mayores, así como también y la obligación del Estado de adoptar medidas de protección reforzada invocando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que exigen evitar cualquier retroceso en derechos sociales.
