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Lunes 25 Enero 2021

Aborto

Ginés González García defendió el proyecto

Durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que el costo del misoprostol para la práctica del aborto medicamentoso "va a ser notablemente reducido" y que su precio actual muestra que "la barrera de accesibilidad económica es bien alta".

gines gonzales

eldiariodecatamarca.com.ar

“Es un proyecto que genera justicia social”, afirmó en el inicio de esta jornada que incluyó diez testimonios a favor y diez en contra.

González García participó de la primera jornada de debate junto a otras dos funcionarias del Poder Ejecutivo: la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quienes remarcaron que se trata de un problema de “salud pública”.

El ministro hizo hincapié principalmente en la compra de este medicamento para que sea mucho más accesible. Según sus palabras, el Estado paga 2.800 pesos por cada dosis de misoprostol e indicó "ese costo va a ser notablemente reducido" a partir de "una oferta del Fondo de Población para que la dosis completa para un tratamiento tenga un precio de 400 pesos".

El funcionario detalló que en las farmacias el precio es de 6.400 pesos "y si se usa la combinación previa, que se aplicaba para inducir el aborto, vale 10 mil pesos". Y agregó: "Con eso quiero decir que la barrera de accesibilidad económica es bien alta".

Para apoyar lo expuesto por González García, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, una de las autoras del proyecto, expresó: “Ha fracasado la política de penalización del aborto, de amenazar a la mujer con la cárcel frente a la decisión de interrumpir su embarazo. (…) Lo que surgió fue un mundo clandestino de miles de abortos".

La funcionaria sostuvo que "en los países donde se ha legalizado, como Alemania, España, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, el aborto empieza a disminuir casi inmediatamente, porque al ingresar al sistema de salud se brinda información y acceso a los métodos anticonceptivos".

Y remarcó: “Nadie quiere promover el aborto, queremos disminuirlos. Ninguna mujer está esperando que se apruebe esta ley para embarazarse y abortar”.

A su turno, Gómez Alcorta reiteró que "la legalización de la práctica disminuye la mortalidad materna" y detalló que se incorporan al Código Penal las sanciones referidas a la dilación, obstaculización o negación de la práctica de forma injustificada -la cual tendrá pena de tres meses a un año para funcionarios-.

 

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