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Denegaron la solicitud de Fiscalía de Estado de ser querellante en la causa contra los jueces que se encuentran sospechados de cohecho
Pidieron la investigación jurisdiccional y la causa pasó al Juzgado de Control de Garantías
A menos de 24 horas de haberse presentado Fiscalía de Estado como querellante particular en la causa contra los jueces, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá sospechados de cohecho, el fiscal Facundo Barros Jorrat , de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública resolvió denegar la solicitud presentada por los abogados Tomas Hugo Aybar y Jeremías Prieto por considerar que no tenia fundamentos.

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Fiscalía de Estado había presentado la solicitud para constituirse como querellante particular en la causa que se investiga el presunto cobro de coimas por parte de los camaristas Morales y Da Prá, sin embargo La Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública resolvió no dar lugar al pedido y pedir la investigación jurisdiccional contra los magistrados por lo que la causa pasó al Juzgado de Control de Garantías.


Será en el Juzgado de Control de Garantías donde se resolverán los pasos a seguir en un plazo de 90 días en los que se decidirá si existen motivos para avanzar en la causa en contra de los magistrados.


Fiscalía de Estado en el escrito presentado en la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública solicita que se inicien las investigaciones tendientes a corroborar la comisión, por parte de los jueces Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales, de graves hechos de corrupción que encuadrarían "prima facie" en el delito previsto y penado en el artículo 257° del Código Penal Argentino, esto es el de cohecho pasivo agravado.


Además solicitaban que se disponga la inmediata detención de los Sres. Camaristas, ello ante la existencia concreta y clara de peligrosidad procesal en los términos del artículo 292 del Código Procesal Penal.


La pena que impone la legislación penal, para el delito supuestamente consumado por los magistrados, y según infiere la querella “en caso de condenarse a los mismos, esta sería a una condena de cumplimiento efectivo; y que los magistrados señalados, ante tan evidente y abrumadora prueba, podrían intentar eludir la actuación de la justicia; e incluso que estos últimos, haciendo uso del poder que le confieren los altos cargos que ostentan y los múltiples contactos que poseen, arbitraria todos los medios necesarios para obstaculizar la recolección de material probatorio necesario para la investigación”.

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