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Pocas líneas para resumir lo que sucede en el IPV.

Un nuevo capitulo se escribe, a la par de la inexcusable sucesión de hechos en los que hay beneficiarios fijos, disfrazados de empresas constructoras que surgieron hace poco más de un año, y otras que venían progresando más que las construcciones que -se supone- deberían haber realizados para tamaño crecimiento exponencial.

Ahora se le agregó el pre adjudicar la licitación para la adquisición de hectáreas destinadas a la construcción de viviendas en los límites de la capital, que abarcan desde las cercanías al cauce del rio Ongolí, hasta inmediaciones del ex Hotel Sussex.

No hay mesa de bares y pasillos de oficinas públicas donde no se murmure que las cosas huelen mal.

Es que al parecer, los terrenos no cuentan con conectividad ni vías de acceso, ni servicios básicos instalados. Para lo cual, el Estado debería desembolsar cifras millonarias para proveer a dichas viviendas de lo indispensable para el garantizar su habitabilidad.

He aquí la picardía: En las cercanías a dichas hectáreas, hay residencias al parecer pertenecerían a funcionarios, que se verán gratamente beneficiados con la obra que deberá encarar el Estado.

Según pudo conocer El Diario de Catamarca y La Isla FM, hay máquinas trabajando en los terrenos, que aparentemente repetirían la vieja historia, ya denunciada en otras oportunidades por este mismo medio: Maquinaria y personal de la administración municipal, efectuando obras en emprendimientos privados.

Ante el posible rechazo del equipo técnico del Tribunal de Cuentas, por carecer de las condiciones básicas inexcusablemente necesarias para erigir las unidades habitacionales, las maquinas realizan apresuradamente por estas horas delimitaciones de las calles, e intentan “aprolijar” los terrenos no aptos.

Los terrenos fueron propuestos por una unión transitoria de empresas, conformada por personajes de la política local. Se trata de Yucuco SA., Comercial El Tala SRL (aparentemente, sería propiedad de los hermanos del intendente Jalil), Antonio Guillermo Villafañe y Pablo Augusto Acevedo.

Todos ellos, adversarios políticos que a la hora de los negocios, dejan las diferencias de lado.

 

 

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